Hace unos años en una mutualista,se detectó un enorme consumo de gasas estériles.
Tan enorme era que se investigó el hecho.
El resultado fue detectar que los empleados
se las llevaban para usarlas como paños higiénicos.
Se estableció un férreo control y el consumo se redujo.
No tardó en llegar la protesta sindical.
No era robo ni uso indebido, adujeron.
El retiro de las gasas estériles era un “derecho adquirido”.
Nadie pensaba en el gasto que generaba a la empresa.
Nadie planteó nunca en el gremio la entrega de tampones.
Nadie se hacía responsable del despilfarro que implicaba.
Nadie pensaba en el costo social de dicha actitud.
Aquella mutualista ya no existe, cerró sus puertas.
Seguramente no fue esa la causa,
pero la mentalidad imperante, sin duda ayudó y mucho.
Valga el ejemplo para la realidad actual.
Y pasamos del ámbito privado al público.
¿Cuantos funcionarios se hacen responsables de su trabajo?
¿Cuántos empleados públicos defienden a su organismo?
¿Cuántos municipales cuidan los intereses de su intendencia?
¿Serán concientes que sus empleadores somos todos los uruguayos?
¿Asumirán que sus prebendas y beneficios los pagamos todos?
¿Que sus salarios son un costo social y colectivo?
Los recursos son limitados y las necesidades son muchas.
La solidaridad con los desposeídos es lo más urgente.
El bienestar de los niños es la prioridad numero uno.
No hay un pozo sin fondo ni riquezas infinitas.
Debería tenerse en cuenta a la hora de reclamar,
los famosos “derechos adquiridos”.
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